Como parte de lo anterior se emitieron las correspondientes leyes que rigen este sector productivo; La ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica, en las cuales se incorporó como un factor de valoración y consideración, técnica, administrativa y económica y hasta cultural, la evaluación del impacto social que los futuros proyectos de este sector productivo pudieran generar en el desarrollo, permanencia y evolución de las comunidades urbanas y rurales, haciendo énfasis en aquellas con presencia de grupos indígenas.

Lo anterior, como lo expresan los legisladores responde a la necesidad de establecer procedimientos que permitan a las autoridades competentes contar con la información completa y oportuna de la relación que se generaría entre un proyecto y una comunidad, para salvaguardar en todo momento el bienestar y desarrollo de las mismas, garantizar la viabilidad y rentabilidad social de los proyectos, y reducir los riesgos de inversión y costos de transacción para los desarrolladores e inversionistas.

En tal virtud, las leyes y reglamentos que rigen el sector prevén que los asignatarios y contratistas deberán llevar a cabo una evaluación de impacto social del proyecto que realizarán en el marco de su asignación o contrato, misma que deberá cumplir con los lineamientos básicos de información requerida para la Evaluación del Impacto Social por parte de la Autoridad, en este caso la Secretaria de Energía (SENER) a través de la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Territorial, la cual ha establecido disposiciones de carácter administrativo y técnico para los proyectos tipo que pudieran presentar los interesados.

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